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El tema de la justicia se constituye como aspecto esencial permanente de los derechos e intereses jurídicos de los gobernados de todas las sociedades y democracias, no obstante adquiere mayor relevancia por el hecho de que la actividad económica y comercial moderna ha generado desigualdades sociales que sistemáticamente se ven reflejadas en el incremento de los índices de inseguridad pública, entre otros aspectos.

El derecho moderno está ligado a la pretensión de civilizar y someter a reglas institucionales los conflictos políticos y sociales. El imperio de la ley como base para garantizar el Estado de derecho y la equidad tienen relación directa en el campo penal, específicamente con el sistema de impartición de justicia.

En este sentido se inscribe la evaluación que deba hacerse sobre la conveniencia de instaurar juicios orales en México, lo cual conlleva un análisis actual del sistema de impartición de justicia penal en su conjunto con visión de largo alcance, sobre la composición institucional del Poder Judicial y de la forma como se desarrollan los procesos y procedimientos penales.

El análisis de los preceptos que guían la ejecución de los juicios escritos que caracterizan a nuestro actual sistema penal, sus resultados y las repercusiones que están generando en los susbistemas de procuración y ejecución penal que integran el sistema de impartición de justicia penal, nos permite identificar resultados adversos al ideal de justicia plasmado en nuestra Carta Magna.

La función jurisdiccional como símbolo de estabilidad e imparcialidad presupone un sistema eficaz de operación para individualizar la aplicación de la norma el cual está sustentado en principios de independencia, eficiencia, accesibilidad y certeza, no obstante, en su forma actual trabaja con mecanismos fríos, ritualistas y burocráticos, con lo cual, lejos de lograr sus objetivos, sus resultados generan exceso de trabajo en el Poder Judicial, lentitud en la resolución de las causas penales, además de incrementar en algunos casos los índices de impunidad y elevar la contaminación delictiva de las personas sujetas a proceso, propiciando una sobrepoblación del ya deficiente sistema penitenciario mexicano.

La fracción VIII del artículo del artículo 20 Constitucional establece que entre las garantías del inculpado está el que será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa, en la práctica esta situación no se cumple en todos los casos, ante excesiva duplicidad de trabajo respecto a la actividad investigadora hasta acreditar la presunta responsabilidad y el cuerpo del delito que realiza el Ministerio Público para repetirlo íntegramente durante la actividad jurisdiccional sin que se propongan alternativas para evitarlo, a sabiendas de sus costos sociales y económicos.

En contraste a este estado de cosas, pero sin verlo como una panacea, los beneficios que vendría a aportar al sistema de impartición de justicia en los procesos bajo el sistema oral, deben ser evaluados partiendo del análisis específico de su operación, en los cuales, desde la preparación de un caso se puede acceder a mecanismos que permiten una solución rápida sin que éste llegue a la jurisdicción de un juez, cuando no existen pruebas suficientes que lo soporten, con lo cual se eliminan las prácticas aberrantes de consignar asuntos incluso por mera sospecha y poner innecesariamente en movimiento una costosa maquinaria de justicia, además de evitar la flagrante violación a los derechos humanos de las personas internas en los reclusorios preventivos al estar conviviendo ilegalmente procesados con sentenciados ante la falta de espacios suficientes para separarlos según lo establece la Constitución Política.

Por otra parte, solo en los casos en que la fiscalía -hoy Ministerio Público- realice un verdadero trabajo de investigación científica que se traduzca en pruebas incuestionables, podrá hacerse uso del beneficio de la inmediatez o comunicación directa del inculpado y su defensor con la parte acusadora y el juzgador en el mismo local en que se desarrolle la audiencia, lo que permitirá adicionalmente a la víctima del delito tener certeza del enjuiciamiento y sanción de la conducta antisocial que le dañó y paralelamente a la sociedad, en el sentido de que no se le revertirá la acción de la justicia como sucede actualmente, si se analiza desde el punto de vista social y económico.

Desde luego que no se busca poner en tela de juicio el trabajo de los integrantes del actual poder judicial, lo que se analiza es la necesidad de explorar los beneficios de dicho modelo y ajustar los actuales mecanismos jurisdiccionales al nuevo paradigma de la justicia oral como una acción pública de alto beneficio social, basados en la afirmación de Montesquieu, quien consideraba que los tribunales no habrían de ser permanentes; un sistema jurídico formalista en exceso, no permite su adaptación a la cambiante realidad y corre el riesgo de mantenerse a la zaga en perjuicio de sus beneficiarios.

Con la implantación de los juicios orales en México, la administración de justicia coadyuvaría a desterrar la lentitud en el desarrollo de los procedimientos que en la actualidad tanto han deteriorado la imagen del Poder Judicial y específicamente de los jueces, quienes encerrados en sus oficinas se aíslan del desarrollo de las audiencias, ya que en la práctica y bajo el actual sistema, éstos se han vuelto seres inexistentes en las audiencias, y los procesados difícilmente llegan a conocer a quien los juzga, siendo los secretarios de acuerdos los asistentes en la conducción y resolución práctica de los procesos, más no en la formal.

Con la simplificación que se haga de los procedimientos para acceder a la justicia, la ciudadanía se verá motivada a ejercer mayormente su derecho constitucional a denunciar, lo que permitirá disminuir la elevada cifra negra del delito y contribuirá en general a promover mas la acción de la justicia. Esta debe ser la prioridad y respuesta a los incesantes reclamos sobre los elevados índices de impunidad que se registran en México.

En el caso del juzgador, se infiere la necesaria inmediatez para que éste conozca de viva voz los argumentos de las partes en un juicio y el encausado conozca y escuche personalmente el desarrollo del proceso, ya que en el terreno de la realidad la sobrecarga laboral de los defensores de oficio, y en ocasiones la falta de ética de algunos colegas, impide explicar a sus defendidos los términos y avances de su causa penal, ante lo cual el procesado solo debe concretarse a firmar, sin entender, en la mayoría de las veces, lo que realmente sucedió durante el desahogo de las diligencias, ni las consecuencias de estampar su firma en las actuaciones, hasta que la realidad los alcanza y son notificados de sendas sentencias.

Como ya se aclaró anteriormente, no pueden soslayarse los avances alcanzados en el Poder Judicial con la implementación de acciones de conciliación y mediación para hacer más ágiles los procedimientos que ya diversos Estados de la República Mexicana han impulsado incluso en el Distrito Federal, y que se constituyen como positivos ejemplos de la disminución de la saturación en los juzgados para no llegar a largos juicios, no obstante estas acciones aún son insuficientes y la implantación de juicios orales vendría a aliviar la pesada carga a que nos hemos referido.

La justicia de paz o de cuantía menor es un modelo práctico pero limitado en su competencia, es un procedimiento que posibilita su desarrollo en una sola audiencia pública en la que se presentan pruebas, alegatos y conclusiones, pudiéndose en algunos casos en algunos casos, dictar sentencia en la misma, eliminando largos y tortuosos procesos escritos de primera instancia, que perjudican a las víctimas del delito y se traducen en pesadas cargas económicas para el Estado y la sociedad.

En abono de las aseveraciones expuestas en este trabajo, los juzgados penales reportan que el 10 % de los expedientes iniciados concluye sin sentencia, esto es, se solucionan mediante conciliación entre las partes y el 90% que es sometido a procedimiento principalmente es referido a delitos patrimoniales y daño en propiedad ajena.

En su informe el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal reporta que durante 2004, se dio entrada a 23,911 consignaciones en materia de justicia de paz penal, de las cuales 11, 288 concluyeron por la existencia de conciliación o perdón entre la víctima del delito y el procesado o por desvanecimiento de pruebas, por lo que solo fue necesario dictar 4,657 sentencias. Esto quiere decir que se inició proceso y se abrieron más de 23,000 causas penales innecesariamente, concluyendo que si todo este esfuerzo se hubiera concentrado en las 4, 657 que si llegaron a sentencia, se hubiera garantizado al 100% la expedites de la justicia.

A inicios del año 2005, en Colombia se implementaron de manera paulatina los juicios orales en Bogotá la Capital, en Caldas, Risaralda y Quindío y se logró que las sentencias se emitieran en 20 días en delitos del orden común por robo y homicidio los de mayor incidencia.

De esta experiencia los tres mil casos registrados durante los primeros tres meses y medio a partir de la incorporación del nuevo sistema de juicios orales, el 80% se resolvió mediante la conciliación o la aceptación de los cargos en caso de flagrancia, lo que representa que solo el 20% debe ser llevado a juicio.

Con base en lo anterior, es impostergable llevar al terreno de la consulta y el debate especializado la propuesta de reforma procedimental que conllevaría a la instauración de los juicios orales en México, ya que no obstante que somos partidarios de su implementación, ésta debe darse de manera muy cuidadosa ya que no se debe importar un sistema de otros países sin conocer a ciencia cierta y analizar a fondo las experiencias de quienes ya los han implantado y de quienes actualmente tienen bajo su responsabilidad la ardua tarea de impartir justicia, este debate deberá conjuntar las mejores experiencias en el tema y proponer un modelo de oralidad ajustado a nuestras costumbres y cultura.

Como antecedente en México, el actual titular del Poder Ejecutivo elevó una propuesta al Poder Legislativo sobre el tema al que nos referimos, en buena medida se presentó como reacción para enfrentar el problema de los elevados índices de inseguridad que se registran en todo el país. Sin embargo, esta propuesta debe surgir, no como una reacción a los problemas, sino como voluntad para el mejoramiento de los niveles de satisfacción de los ciudadanos que demandan una justicia equitativa, transparente y expedita.

La implantación de los juicios orales requiere voluntad de cambio, mayor capacitación de los funcionarios públicos y sobre todo, el compromiso de los integrantes del poder judicial ya que implicará fundamentalmente que los jueces abandonen sus oficinas para presenciar, dirigir y resolver en las mismas audiencias; ese es el verdadero sentido de un juez, resolver sobre la marcha en interacción con el Ministerio Público, al efecto, deberán elaborarse estudios sobre el costo beneficio y la opinión de calificados especialistas en el tema para dejar atrás el sistema escrito que solo ha burocratizado la procuración y administración de la justicia, haciéndola fría y deshumanizada.

En cualquier democracia del mundo todos los sistemas deben estar sujetos a una revisión periódica sobre los elementos que lo conforman y de sus resultados para adecuarlos a los nuevos retos que la modernidad impone, con lo cual debe emerger una propuesta que suficientemente consensuada, pueda ser analizada por el Poder Legislativo para su discusión y en su caso aprobación y de esta forma se garantice una innegable impartición de justicia.

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Bovino, Alberto, Temas de Derecho Procesal Penal Guatemalteco, Fundación Mirna Marck, Guatemala, 1997.

Etcheverry, Alfredo, Exposición Crítica del Sistema Procesal Penal Chileno, revista de Ciencias Penales, 1965, Tomo XXIV.

Informe Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 1994.

Martínez Rojas, Salvador, Lic. y Magistrado, La Oralidad como Garantía de la Expeditez de la Administración de Justicia, Revista de la Escuela de Derecho, Universidad Anahuac, México, 1982.

Novoa Montreal, Eduardo, El Derecho como obstáculo al cambio social, México, Siglo XXI, 1975

Revista Mexicana de Justicia, Procuraduría General de la República, Número 6, México, 1999.

 

Por: Juan Jesús Mora Mora

* Miembro Directivo del Colegio Jurídico Nacional*

 

 

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